El Nuevo Pacto de Migración y Asilo, para y por la Unión Europea: perspectivas del posible impacto de su aplicación en la realidad migratoria de Melilla.
Gestión de fronteras exteriores y el concepto equívoco de solidaridad
La Comisión Europea, en su propuesta de nuevo pacto, pone un gran énfasis en la importancia de la dimensión externa de las políticas migratorias, lo que se percibe por los Estados miembros como un gran punto de intereses comunes, previendo la Comisión que poner el foco en la cooperación con terceros países para el control de la migración atraerá un mayor número de apoyos al pacto. La otra cara de la moneda de este punto de encuentro es, evidentemente, la limitación de las llegadas y el aumento de las devoluciones en las fronteras exteriores de la UE, en detrimento del desarrollo de canales seguros de migración, los objetivos de desarrollo o la priorización de los reasentamientos entre los países miembros.
El diseño de procedimientos fast-track de protección internacional incluye la filtración y triaje de las personas que llegan a Europa, de forma ilusoriamente previa a su entrada. Este previous screening se realizaría, según la Comisión, a través de procedimientos de frontera acelerados, basados en una lista común a la UE de terceros países seguros (intuimos que incluyen a Turquía y Marruecos) y en la exclusión instantánea de aquellos solicitantes provenientes de países con niveles bajos de aceptación en materia de asilo, como Túnez o Argelia.
Esto se acompañaría, por supuesto, con acuerdos de devolución con los países de origen de las personas que no pasen ese filtro previo, enmascarados como supuestos acuerdos de cooperación que no buscan una consecución del desarrollo de los países socios, sino una subcontratación de la gestión migratoria de puertas para fuera. Así mismo, se diseña este nuevo sistema con un aumento de herramientas para ejecutar las devoluciones y los rechazos en frontera (incluido el reforzamiento de FRONTEX), obviando de manera evidente las garantías y el respeto de los Derechos Humanos.
Por otro lado, el concepto de solidaridad que maneja la Comisión Europea abandona cualquier lógica de humanidad para adoptar una noción de solidaridad interestatal que deriva en responsabilidades asimétricas en las que los Estados miembro tienen la flexibilidad suficiente para evadir su participación en los cupos de reubicación de solicitantes de asilo. En compensación, los Estados que no participen de dicha reubicación pueden aportar mediante el “patrocinio de devoluciones” o apoyo operativo, es decir, pagar o asistir en operaciones de repatriación de migrantes. Este sistema está evidentemente condenado a fracasar, puesto que no es difícil imaginar que la mayoría de los países en segunda y tercera línea de llegadas evitarán aceptar sus cupos si pueden sustituirlo por otro tipo de prestaciones mucho menos costosas que, por otro lado, tampoco garantizan una gestión eficaz de los flujos migratorios en los países receptores.
Melilla puede ser un escenario paradigmático en cuanto a las consecuencias de estas lógicas. Por un lado, la gestión externa de las fronteras que prevé el Nuevo Pacto acentuaría las dinámicas existentes entre España y Marruecos en cuanto a devoluciones en frontera, control de las costas y cooperación entre autoridades para frenar la llegada de personas migrantes a la frontera española. El aumento de poder, tanto político como económico, de un país de tránsito como Marruecos, derivado de los acuerdos de externalización de fronteras, podría fácilmente incidir en peores condiciones de vida para las personas en movimiento, así como una merma aún mayor en las garantías de respeto de Derechos Humanos en el país alauita, respaldado probablemente en sus actuaciones por el silencio cómplice de sus vecinos europeos.
Por otro lado, el nuevo sistema de “solidaridad obligatoria flexible” (mandatory flexible solidarity) pondría a España, junto con otros países como Italia y Grecia, en una posición muy vulnerable en comparación con otros Estados europeos, que generaría una mayor sensación de vulnerabilidad frente a los movimientos migratorios. Esto acentuaría, previsiblemente, la xenofobia y el discurso antinmigración que ya está muy presente en la sociedad melillense, incidiendo en la criminalización y estigmatización de las personas migrantes. Además, se afianzaría la cárcel al aire libre que es Melilla para muchas personas en movimiento, un lugar de espera e incertidumbres infinitas, puesto que la negativa a aceptar los cupos de reubicación podría venir acompañada de un aumento en el tiempo de estancia de estas personas en sitios como el CETI, por no hablar de la ya existente falta de acuerdos de reubicación de menores tutelados, no solo entre Estados miembros, sino también entre las Comunidades Autónomas.
Consideraciones finales respecto a menores migrantes y conclusión
Aunque los Estados miembros aún podrían cambiar sus posiciones respecto al Nuevo Pacto, parece, de momento, que el consenso solo ha podido ser encontrado en dinámicas de control y formas muy diluidas de solidaridad. En el contexto que nos ocupa a Solidary Wheels como organización que trabaja con infancia migrante en Melilla, nos preocupa especialmente el aumento en la desprotección de los niños y niñas que migran solos y se encuentran tutelados y tuteladas en la Ciudad Autónoma. Especialmente intimidante es la sugerencia de la Comisión Europea de blindar frente a las devoluciones solo a aquellos niños menores de doce años, en contra de todas las legislaciones nacionales que establecen la minoría de edad, a todos los efectos, en los dieciocho años. Además, nos preocupa que el aumento del control migratorio tanto dentro como fuera de las fronteras europeas derive en la merma de las garantías en procesos que conciernen a los menores de edad, como son los procedimientos de determinación de la edad o la tramitación de autorizaciones de residencia a menores tutelados, ya de por sí sujetos a una repatriación que en escasas ocasiones llega a producirse.
A modo de conclusión cabe recordar, frente a los discursos que claman a gritos por la seguridad nacional y contra la supuesta invasión que nos amenaza, que el odio llama al odio, y la violencia llama a la violencia. El caldo de cultivo que se está creando, en conjunción con una visión cortoplacista de la gestión de las migraciones, nos llevan a pensar en temas que venimos comentando durante los últimos meses en nuestras redes sociales, como la salud mental, las posibilidades de inclusión y el sentimiento de pertenencia a nuestra sociedad de personas a las que, desde el primer momento, se les deja muy claro que no son bienvenida. Necesitamos urgentemente adoptar una mejor perspectiva frente a la migración y tomar la responsabilidad en base a una verdadera solidaridad entre personas, abandonando las lógicas de seguridad nacional y externalización de fronteras.
Desde nuestra experiencia y, sobre todo, a partir de las experiencias que hemos compartido con los cientos de personas varadas en las zonas grises de estas fronteras, el éxito es bastante relativo. Hablamos de zonas grises para referirnos a lugares donde, desde un lado u otro de las delimitaciones territoriales, los derechos humanos se vilipendian e ignoran como si no fuera responsabilidad nuestra lo que le pasa a aquellas personas sin un pasaporte Schengen. Los discursos que abanderan nuestro espacio común y la libertad de movimiento entre países miembros para la ciudadanía europea se quedan vacíos si olvidamos a todos esos “otros” que en realidad deberían formar parte de un “nosotras” mucho más inclusivo, respetuoso y garantista.